La Secretaría de Gobierno actualizó el estado de salud de las personas afectadas por el percance del autobús de pasajeros ocurrido en la carretera estatal 310. De acuerdo con el corte informativo más reciente, 18 personas han sido dadas de alta en los últimos días tras presentar una mejoría favorable y continuarán su recuperación bajo consulta externa.
No obstante, el panorama médico para el resto de los involucrados se mantiene bajo vigilancia estricta. La Secretaría de Salud (SESA) reporta que todavía se encuentra un paciente en condición grave y seis más en estado moderado; estos últimos permanecen hospitalizados debido al riesgo de posibles complicaciones.
Compromiso con la indemnización y acompañamiento
Más allá de la atención médica, el estado ha iniciado un proceso de vinculación para garantizar la responsabilidad civil de la línea de transporte involucrada. Los puntos clave del seguimiento son:
- Gestión de seguros: La autoridad estatal fungirá como enlace entre los deudos y la empresa para asegurar el cumplimiento de las indemnizaciones correspondientes.
- Gastos médicos: Se supervisará que la cobertura para las personas lesionadas sea asumida íntegramente por la prestadora del servicio.
- Apoyo integral: Se mantendrá el acompañamiento a los familiares de las 10 víctimas fallecidas y de quienes aún reciben atención hospitalaria.
Contexto del incidente
El suceso se registró la mañana del pasado miércoles 22 de abril en el kilómetro 8 de la vialidad mencionada, a la altura de La Muralla. La unidad, que partió de la comunidad de San Ildefonso con destino a San Juan del Río, transportaba a 36 pasajeros al momento del impacto.
Equipos de Protección Civil y cuerpos de emergencia de Amealco y San Juan del Río coordinaron las labores de rescate iniciales. Actualmente, mientras el monitoreo médico continúa, las instancias legales trabajan en la resolución de las obligaciones que la empresa de transporte debe atender frente a los afectados.
Las autoridades reiteraron que el seguimiento no concluirá hasta que todas las familias reciban el respaldo y la reparación del daño que marca la ley.