El estado se posiciona como referente nacional en la protección de la niñez. A través de una estrategia integral que abarca desde restricciones laborales hasta administrativas, las dependencias del Poder Ejecutivo han establecido un cerco legal para garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias en la entidad.
A partir de este 6 de mayo, entra en vigor una reforma clave que vincula la gestión pública con el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA), transformando la manera en que el gobierno interactúa con ciudadanos y proveedores.
Restricciones y acciones clave de la agenda:
- Bloqueo laboral: Queda estrictamente prohibida la contratación en dependencias estatales de cualquier persona inscrita en el registro de deudores, incluyendo personal por honorarios.
- Freno a proveedores: La Oficialía Mayor y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas impedirán el alta de contratistas o proveedores que presenten adeudos alimentarios.
- Trámites administrativos: La Secretaría de Seguridad Ciudadana negará la expedición y renovación de licencias de conducir a quienes figuren en el padrón nacional.
- Programas sociales: El acceso a apoyos, subsidios y donativos estatales estará condicionado al cumplimiento de estas obligaciones.
Un frente común por la legalidad
La iniciativa no solo se limita a sanciones, sino que busca el acompañamiento institucional. En este sentido, la Secretaría de las Mujeres ofrecerá asesoría jurídica gratuita a quienes requieran gestionar el pago de pensiones, mientras que la Unidad de Comunicación Social lanzará campañas para concientizar sobre la importancia de esta agenda.
Contexto actual: En Querétaro se tramitan anualmente cerca de 20 mil juicios por pensión alimentaria. Sin embargo, el padrón actual de deudores apenas registra a poco más de 200 personas, una cifra que estas nuevas medidas buscan transparentar y regularizar con rigor.
Con esta armonización legislativa y administrativa, el gobierno estatal busca transitar de la teoría a los hechos, cerrando espacios de impunidad y asegurando que los derechos de niñas, niños y adolescentes prevalezcan sobre cualquier trámite o contrato público.