Impulsada por la necesidad de frenar el crecimiento desordenado, una nueva iniciativa de reforma constitucional busca obligar a los 18 ayuntamientos del estado a garantizar espacios territoriales destinados exclusivamente a la construcción de vivienda digna y asequible.
El proyecto propone un modelo de colaboración estratégica donde la responsabilidad se divida en dos pilares fundamentales:
- Los Gobiernos Municipales: Aportarían la reserva territorial necesaria.
- El Infonavit: Se encargaría de la ejecución técnica y financiera de los proyectos habitacionales.
El reto del suelo y la ubicación
Uno de los puntos críticos de la propuesta es combatir la segregación urbana. La reforma establece que estos desarrollos no deben quedar aislados en las periferias; por el contrario, se priorizarán terrenos con viabilidad de servicios, cercanía a centros de trabajo y acceso a instituciones educativas.
Hasta el momento, la falta de disponibilidad de suelo ha sido el principal freno. Actualmente, solo en Ezequiel Montes se ha logrado concretar este esquema gracias a su reserva territorial, mientras que en demarcaciones como Pedro Escobedo, El Marqués y Colón, el impacto y la disposición de terrenos varían significativamente.
Resistencia y análisis técnico
A pesar de que el proyecto ya se encuentra en análisis dentro de comisiones legislativas, existe cierta reticencia por parte de las autoridades locales. El argumento principal de los municipios es la preocupación por una posible carga económica y la pérdida de autonomía sobre sus propiedades.
No obstante, el dictamen técnico se centra actualmente en definir:
- La superficie mínima de terreno que cada municipio deberá reservar.
- Las zonas de mayor viabilidad para garantizar la movilidad social de los habitantes.
Se espera que la reforma sea votada y aprobada antes de que concluya el año en curso, ante la presión que ejerce el acelerado crecimiento poblacional en la entidad.