El titular del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro anunció que ejercerá sus facultades constitucionales para vetar la reforma legislativa conocida como «Ley de Identidad de Género», la cual permitía la modificación del sexo en las actas de nacimiento de menores de edad con base en su autopercepción.
A través de un mensaje emitido en plataformas digitales, la administración estatal justificó la medida bajo el argumento de priorizar la protección integral, los valores tradicionales y el sano desarrollo emocional de la niñez y la adolescencia en la entidad. El mandato ejecutivo subrayó que la formación cerebral y emocional de los menores no es una etapa apta para determinaciones de esta naturaleza, sugiriendo que tales decisiones deben postergarse hasta alcanzar la mayoría de edad.
Argumentos centrales para el veto ejecutivo
La evaluación técnica y política realizada por la administración estatal para fundamentar el freno a la legislación se basó en los siguientes puntos:
- Sustento biológico y psicológico: Se argumentó que, de acuerdo con análisis sobre el desarrollo cerebral, los menores se encuentran en una etapa de maduración que les impide definir aspectos determinantes de su identidad de manera definitiva.
- Seguridad y orden jurídico: Se identificaron riesgos legales con la duplicidad o alteración de documentos de identidad, tales como la posibilidad de evadir el pago de pensiones alimenticias, el ocultamiento de antecedentes penales o la pérdida de la certeza en las líneas de filiación familiar.
- Postura ideológica: El Ejecutivo calificó la iniciativa como una imposición doctrinaria proveniente de bloques políticos de izquierda, señalando que este tipo de normativas resultan ajenas a la estructura social del estado.
Posicionamiento institucional
«Recibí un mandato de la sociedad para proteger a las familias queretanas y lo voy a cumplir. El desarrollo sano de nuestras niñas, niños y adolescentes nunca lo voy a negociar».
Con esta determinación, las autoridades locales buscan proyectar al estado como un referente en la salvaguarda de los derechos de la infancia desde una perspectiva de protección familiar, al tiempo que convocaron al respaldo de la ciudadanía queretana ante el uso de este recurso constitucional.