En Amealco, nueve de cada diez mujeres de comunidades indígenas reportaron haber vivido algún tipo de violencia, de acuerdo con los resultados de una encuesta levantada por autoridades estatales tras un feminicidio ocurrido en 2025.
El estudio fue realizado con el objetivo de dimensionar la situación en la demarcación y detectar áreas de atención prioritaria. Los resultados evidenciaron no sólo la magnitud del problema, sino también el desconocimiento que persiste entre la población femenina sobre las instancias de apoyo y los mecanismos de denuncia disponibles.
Falta de información y acceso a apoyo
Uno de los principales hallazgos del diagnóstico fue la limitada difusión de los servicios institucionales dirigidos a mujeres en situación de violencia. De acuerdo con la información oficial, una proporción considerable de encuestadas no sabía de la existencia de dependencias estatales o municipales especializadas, ni de los canales para recibir asesoría jurídica o acompañamiento psicológico.
En respuesta, autoridades estatales informaron que se instalaron mesas de trabajo interinstitucionales con participación de dependencias de los tres órdenes de gobierno y representantes de los poderes del Estado, con el propósito de definir acciones específicas para atender la problemática.
Actualmente, en el municipio opera una extensión estatal integrada por personal especializado que brinda atención legal y psicológica, además de canalizar casos de alto riesgo a refugios. No obstante, el reto principal continúa siendo acercar estos servicios a las comunidades y garantizar que la información llegue de manera clara y accesible.
Problemática extendida
Aunque la encuesta se centró en Amealco, autoridades reconocieron que la falta de conocimiento sobre las rutas de atención no es exclusiva de este municipio, sino que se replica en distintas regiones de Querétaro.
Organizaciones y especialistas han señalado que, en contextos indígenas y rurales, factores como barreras lingüísticas, distancia geográfica, dependencia económica y patrones culturales influyen en la persistencia de la violencia y en la dificultad para denunciar.
Los resultados del estudio colocan nuevamente en la agenda pública la necesidad de fortalecer la prevención, ampliar la cobertura institucional y garantizar que las mujeres, particularmente en comunidades indígenas, puedan acceder de manera efectiva a redes de apoyo y protección.