El combate a la violencia económica se convierte en una prioridad estatal. Como parte de una estrategia para garantizar la autonomía de las mujeres y el bienestar de la niñez, la Secretaría de las Mujeres anunció su respaldo total a la agenda de fortalecimiento del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, calificando el incumplimiento de pensiones no solo como una carencia económica, sino como una barrera que profundiza la desigualdad de género.
Los datos presentados por la dependencia revelan una realidad crítica: la gran mayoría de los procesos de representación legal gratuita que coordina la institución están vinculados directamente con la exigencia de este derecho fundamental.
Radiografía del incumplimiento en la entidad:
- Impacto legal: El 96% de las demandas iniciadas por la secretaría corresponden a temas de pensión alimenticia.
- Violencia económica: Más del 51% de las asesorías legales gratuitas brindadas están relacionadas con la falta de sustento económico por parte de los deudores.
- Brecha en el registro: A pesar de que en el estado se tramitan cerca de 20 mil juicios anuales por este concepto, hasta abril de 2026 solo se contabilizan 208 personas inscritas formalmente en el padrón de deudores.
El programa «Defensoras de las Mujeres»
Para evitar que las madres enfrenten solas procesos judiciales que suelen ser largos, costosos y emocionalmente desgastantes, la Secretaría de las Mujeres ha reforzado su esquema de acompañamiento y orientación. El objetivo es que la carga de los cuidados y el sostenimiento no recaiga exclusivamente en las mujeres debido a la impunidad de los obligados alimentarios.
Esta agenda, respaldada también por legisladores federales y representantes del Senado de la República, busca que el modelo implementado en la entidad sirva como referente nacional para cerrar los espacios donde los deudores logran evadir sus responsabilidades.
Un frente común: En el anuncio participaron también titulares de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Turismo y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SEDIF), subrayando que la garantía de los alimentos es un esfuerzo interinstitucional que impacta directamente en la salud y el tejido social de la entidad.