La indignación crece en la comunidad de San Ildefonso Tultepec. A pocos días del siniestro vial que cobró la vida de 10 personas en la carretera estatal 310, familiares de las víctimas y sobrevivientes alzaron la voz para denunciar lo que califican como un proceso judicial deficiente, desigual y carente de sensibilidad cultural.
Un proceso bajo la lupa: Las quejas contra la Fiscalía y el Poder Judicial
Tras la audiencia inicial, el descontento se centra en las decisiones tomadas por el Poder Judicial del Estado. Aunque el Ministerio Público imputó al conductor por homicidio culposo calificado y lesiones, las medidas cautelares dictadas —una garantía económica de 50 mil pesos y firma periódica— han sido recibidas como una «ofensa» por los deudos.
Puntos críticos del reclamo legal:
- Riesgo de fuga: Las víctimas consideran que las medidas impuestas no garantizan que el imputado permanezca vinculado al proceso.
- Violación al debido proceso: Denuncian que, al ser una comunidad indígena, no se les proporcionó intérprete ni asesoría legal adecuada durante la audiencia.
- Invisibilización de heridos: Señalan que la lista oficial de lesionados está incompleta, dejando a varias personas sin acceso a servicios de salud o reconocimiento legal del daño.
Responsabilidad empresarial y abandono institucional
El reclamo no se limita al conductor. La comunidad señala directamente a la empresa transportista Amealcenses, exigiendo que asuma su responsabilidad civil por las condiciones en las que operaba la unidad.
Asimismo, lamentan la ausencia de las autoridades municipales en las mesas de diálogo y critican que los apoyos económicos entregados hasta ahora son paliativos que no cubren la magnitud de la pérdida humana y de salud.
«Somos indígenas, pero no somos tontos. No nos vamos a quedar callados», sentenciaron los afectados, quienes ahora buscan representación legal independiente ante la desconfianza en las instancias oficiales.
¿Qué exigen las víctimas?
Para garantizar una reparación integral del daño, la comunidad ha formalizado las siguientes peticiones a las autoridades estatales y federales:
- Nuevo peritaje: Una revisión técnica y exhaustiva de las causas del accidente.
- Atención médica integral: Cobertura total para los heridos que aún no han sido reconocidos.
- Indemnizaciones justas: Que los montos correspondan a la gravedad de los hechos y no solo a criterios mínimos.
- Transparencia procesal: Garantizar que el origen étnico de los afectados no sea una barrera para acceder a la justicia.
La comunidad de San Ildefonso Tultepec advirtió que continuará organizada, advirtiendo que este caso es una prueba para el sistema de justicia queretano en materia de derechos humanos e inclusión.